MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha recogido un total de 145 denuncias por vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad en 2024, un 23 por ciento de ellas relacionadas con la falta de accesibilidad, un 10 por ciento con educación y otro 10 por ciento con trabajo y empleo, según un avance de resultados de su 'Informe Derechos Humanos y Discapacidad del año 2024'.
El CERMI ha adelantado algunos datos recogidos en el estudio durante la primera reunión del año del Comité de Apoyo del CERMI Estatal para la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una vez visto por este órgano asesor, pasará al Comité Ejecutivo de la entidad para aprobación definitiva.
En el marco de dicha reunión, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia, ha avanzado que, del total de registros incluidos, hay un 55 por ciento de denuncias, un 31 por ciento de propuestas de mejora y un 15 por ciento de avances.
Asimismo, Gregorio Saravia ha señalado que el artículo de la Convención de la ONU que concentra un mayor número de denuncias en 2024 ha sido el artículo 9, sobre accesibilidad universal; seguido del artículo 24, sobre educación; y el artículo 27, sobre trabajo y empleo.
Según los datos dados a conocer este martes por el CERMI, recogidos por Europa Press, las propuestas de mejora se concentran principalmente en el artículo 27 (trabajo y empleo) con un 14 por ciento; seguido del artículo 9 (accesibilidad), con un 12 por ciento; y el artículo 4 (obligaciones generales), con un 10 por ciento.
Respecto a los avances registrados, el informe indica que el 44 por ciento corresponden a accesibilidad, el 13 por ciento a trabajo y empleo, y el 8 por ciento a salud. En total, se han registrado 145 denuncias por vulneraciones de derechos contemplados en la Convención, 81 propuestas de mejora y 39 avances.
PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA
Durante la reunión se han abordado otras cuestiones como el proceso de elaboración de la Observación General sobre el artículo 29 de la Convención, relativa a la participación en la vida política y pública, a cargo del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su informe de aportaciones, el CERMI subraya la importancia de garantizar la accesibilidad universal en todos los procedimientos electorales y de fomentar la presencia de personas con discapacidad en cargos públicos, destacando el déficit de representación en este ámbito.
En relación con el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), ha incidido en la necesidad de mejorar los sistemas de recogida de datos sobre las personas con discapacidad solicitantes de asilo y refugiadas, asegurando que se recojan de manera desglosada por sexo, edad y tipo de discapacidad. Además, se ha insistido en la importancia de garantizar la accesibilidad universal en todos los procedimientos y espacios de acogida, así como en los sistemas de identificación y evaluación de necesidades.
Sobre el anteproyecto de ley que reforma el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aprobado por el Gobierno la pasada semana, se ha destacado la creación de un fondo estatal para financiar mejoras de accesibilidad en edificios públicos, la reducción del coste que asumen las comunidades de vecinos en obras de adaptación, y la concesión automática del 33 por ciento de discapacidad a las personas con grado de dependencia reconocido.
También se ha abordado la "demora" en el desarrollo reglamentario de la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad, que ha motivado la presentación de quejas formales por parte del CERMI ante el Defensor del Pueblo y ante la Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Se ha expuesto, asimismo, la necesidad de priorizar a las personas con discapacidad en la futura Estrategia contra la Pobreza en el Transporte. CERMI plantea la creación de un Observatorio de Movilidad y una Oficina Nacional de Movilidad que "permitan garantizar la accesibilidad, asequibilidad y seguridad del transporte", y ha denunciado "las carencias en los descuentos para personas con discapacidad en operadores privados y la escasez de vehículos accesibles en el sector VTC".