El partido del ex primer ministro Imran Jan denuncia una persecución política para allanar el camino a la vuelta de Nawaz Sharif al poder
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 240 millones de paquistaníes están llamados este jueves a las urnas para unas elecciones generales que tendrán lugar ante un repunte de los incidentes de seguridad y en medio de las denuncias sobre una nueva interferencia del Ejército en el proceso y las condenas contra el partido Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), el más importante en la oposición.
Las últimas semanas han estado marcadas por las condenas dictadas contra el líder del PTI, el ex primer ministro Imran Jan, en sendos casos por corrupción y filtración de un documento clasificado, así como por la vuelta al país del también ex primer ministro Nawaz Sharif tras el carpetazo a su inhabilitación de por vida tras una sentencia contra él en 2018.
Las elecciones llegan tras un aplazamiento --debieron celebrarse en noviembre-- y después de que Jan, vencedor en 2018, fuera cesado en abril de 2022 en una moción de censura en el Parlamento tras asegurar que estaba al tanto de una presunta conspiración de Estados Unidos para sacarle del cargo. El propio Jan intentó impedir la votación disolviendo la Asamblea Nacional, decisión anulada por el Tribunal Supremo.
El cese de Jan, quien logró su victoria electoral con el respaldo del Ejército y entre denuncias del partido de Sharif, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), sobre un esfuerzo de la cúpula militar para apartar al ex primer ministro del poder, tuvo lugar además tras varios escándalos de transfuguismo y numerosas manifestaciones a favor y en contra del político y antigua estrella del críquet.
El propio Sharif había sido sacado del poder en 2017 tras una decisión del Supremo de Pakistán, donde ningún primer ministro ha logrado hasta la fecha completar su mandato, hecho achacado a la enorme influencia con la que cuentan las Fuerzas Armadas del país, que cuenta con armamento nuclear.
En esta ocasión, la votación tendrá lugar en medio de lo que el PTI (Movimiento para la Justicia de Pakistán) denuncia como una campaña política y judicial contra Jan a raíz de la batería de casos abiertos contra él tras su cese, que han derivado además en condenas contra otros antiguos altos cargos de su Gobierno.
El propio Jan afirmó la semana pasada que estas condenas --a diez y catorce años de cárcel por filtración de un cable diplomático y corrupción, que se suman a otra anterior también por corrupción y a otra por violar una norma matrimonial dictada durante el fin de semana-- son parte de una "persecución política", antes de incidir en que los comicios son "el arma más poderosa" para "echar a los delincuentes del poder".
La formación opositora ha hecho un llamamiento a la calma a sus seguidores y ha pedido que su respuesta no se traslade a las calles, sino a las urnas, incluso después de la muerte de cuatro personas por una explosión durante un mítin en Baluchistán. Además, ha denunciado acciones como la prohibición a usar su símbolo de partido, un bate de críquet, y concurrir con su identidad electoral tras considerar un tribunal que la elección de su nuevo líder había sido inconstitucional.
De hecho, la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el martes su preocupación por "el patrón de acoso, arresto y detenciones prolongadas" de miembros del PTI e hizo un llamamiento a las autoridades para que garanticen el respeto de un "proceso democrático" que sea "inclusivo".
LA VUELTA DE SHARIF
Por su parte, Sharif figura como principal favorito en el fragmentado panorama político en Pakistán, que llega a las urnas de manos de un gobierno interino no elegido que sustituyó a la coalición instaurada tras la moción contra Jan, encabezada por la PLM-N pero integrada por un abanico de partidos opuestos al hasta entonces primer ministro.
El veterano político --que ha sido primer ministro en tres ocasiones-- hace frente a una situación totalmente distinta a la de 2018, cuando no pudo presentarse debido a que se encontraba en prisión tras un escándalo por corrupción.
En esta ocasión, tras volver al país después de un permiso médico temporal del que no regresó en plazo y después de que los tribunales hayan anulado la condena contra él, allanado el camino a su candidatura --algo que sus críticos achacan al hecho de que el gobierno de coalición estuviera liderado por su hermano, Shehbaz Sharif--, concurre a las urnas con su principal rival en prisión.
A pesar de que Sharif parece haber limado asperezas con la cúpula militar, hasta la fecha no ha podido completar ninguno de sus mandatos, incluido su derrocamiento en un golpe de Estado militar en 1999 encabezado por Pervez Musharraf, fallecido en febrero de 2023 en el exilio en Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Entre otras caras destacadas en las elecciones figura el presidente del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Bhutto-Zardari, hijo de la ex primera ministra Benazir Bhutto --asesinada en 2007-- y el expresidente Asif Alí Zardari. El político, de 35 años, ha sido ministro de Exteriores en el Ejecutivo de coalición y, si bien no parece probable que gane, aspira a jugar un papel de bisagra en una potencial coalición.
INSEGURIDAD Y CRISIS ECONÓMICA
Los comicios se perfilan como clave para el futuro del país, sacudido por un incremento de los atentados y la inseguridad por los ataques en la frontera con Afganistán por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, y los grupos separatistas baluches en la zona occidental del país.
La situación en la frontera con Afganistán, gobernado por los talibán desde agosto de 2021, ha llevado a un aumento de las tensiones y ha provocado que Islamabad haya incluso amenazado con lanzar operaciones transfronterizas si los fundamentalistas no actúan contra el TTP. Kabul ha respondido distanciándose de los ataques y asegurando que actúa para reducir la inseguridad, si bien las diferencias han derivado en enfrentamientos en la frontera y en la expulsión de cerca de medio millón de refugiados afganos.
Asimismo, los ataques han repuntado en Baluchistán y han provocado incluso tensiones con Irán tras un intercambio de bombardeos --iniciado por Teherán-- contra grupos separatistas baluches que operan a ambos lados de la frontera. Ambos países han acordado reforzar la cooperación y han ensalzado sus lazos de "hermandad", si bien las suspicacias continúan.
Todo ello provocó que 2023 se convirtiera el país con más víctimas mortales a causa del terrorismo desde 2016, con más de 1.500 muertos, según datos recogidos por el Portal de Terrorismo en el Sur de Asia. De hecho, el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) ha confirmado hasta la fecha "no menos de 24 incidentes" armados contra políticos.
Además, el país hace frente a una gran crisis económica por la caída de la rupia a mínimos históricos y el aumento de la inflación, que ha provocado que los precios de los productos básicos, el combustible y las medicinas se hayan disparado, ahondando una situación ya frágil tras la pandemia de coronavirus.
El Banco Mundial recoge que el país arrastra "desequilibrios económicos acumulados" derivados en parte de los 'shocks' económicos internos y externos, la tasa de cambio, el aumento de los precios de los productos básicos a nivel internacional, las inundaciones registradas en 2023 y la "incertidumbre política".
Por ello, Farzana Shaij, asociada del Programa para Asia-Pacífico de Chatham House, afirmó recientemente que el país "hace frente a formidables desafíos económicos y políticos" y argumentó que "hay pocas oportunidades de superarlos si no hay un resultado creíble en las elecciones". "En estos momentos, parece que las elecciones no serán libres o justas. Dadas las volátiles circunstancias, no se puede descartar que haya disturbios civiles", zanjó.