MÉXICO, 30 Mar (EUROPA PRESS)
Entre 2024 y lo que va de 2025, las fuerzas de seguridad en México desmantelaron 6.619 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente por organizaciones criminales en espacios públicos, casas particulares, comercios y mercados a lo largo de más de 75 municipios de 21 estados del país, según reportes del diario 'El Universal'. Estas "cámaras parásitas" eran utilizadas para el seguimiento de autoridades, vigilancia de grupos rivales y coordinación de actividades ilícitas. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina han liderado las operaciones de desmantelamiento, evidenciando un incremento en este tipo de intervenciones en los últimos meses.
Un destacado operativo tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, el 19 de febrero pasado, donde se descubrió un centro de monitoreo clandestino y se retiraron 1.530 cámaras, principalmente en Culiacán, Mazatlán y Navolato. Las cámaras incautadas incluyen modelos PTZ inalámbricos, panorámicos con inclinación y zoom, así como equipos fijos inalámbricos, cuyos precios oscilan entre los 200 y los 800 pesos.
En Celaya, Guanajuato, se retiraron alrededor de 1.400 cámaras, y aunque se ha detectado presencia de estos dispositivos en Irapuato y León, no se han proporcionado cifras específicas. Por otro lado, en San Luis Potosí, las autoridades desactivaron al menos 400 cámaras en varios municipios, y la gubernatura está en proceso de legislar contra el "halconeo digital".
En una acción reciente en Guerrero, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército eliminaron 21 cámaras clandestinas en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo, donde recientemente perdieron la vida dos trabajadores de una carnicería y un policía auxiliar. Otros estados afectados incluyen Jalisco con 114 cámaras retiradas, Baja California con 670, y Acapulco con 109.
Estas intervenciones subrayan el esfuerzo continuo de las autoridades mexicanas por combatir la vigilancia ilegal y las operaciones de inteligencia llevadas a cabo por grupos criminales, buscando restaurar la seguridad y privacidad de los ciudadanos en los espacios públicos y privados del país.