La Federación demanda que el Consejo Interterritorial deje de ser solo un órgano deliberativo y tenga mayor peso político
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha presentado este miércoles el documento de 'Propuestas para un cambio en la política sanitaria del Ministerio de Sanidad y de los Servicios de Salud Autonómicos', en el que insta al departamento dirigido por Mónica García a destinar nuevos fondos finalistas para que las comunidades autónomas (CCAA) los destinen a mejorar la asistencia sanitaria, conseguir que la Atención Primaria (AP) "deje de estar subfinanciada" y reducir las "cada vez mayores" listas de espera.
Esta es una de las medidas incluidas en el documento que ha dado a conocer en rueda de prensa el presidente de la FADSP, Manuel Martín, con el objetivo de "frenar el deterioro, recuperar y mejorar" el Sistema Nacional de Salud (SNS). En este sentido, Martín ha denunciado que, como consecuencia de "la política de recortes de recursos y de gasto sanitario", hay centros de salud con "graves problemas de acceso", la privatización "avanza de manera muy importante" y el personal sanitario trabaja en condiciones de "inestabilidad y precariedad", entre otros problemas que repercuten en los pacientes.
Así, desde la FADSP demandan a Sanidad una serie de medidas que son competencia directa del Ministerio, como es la elaboración del Plan Integrado de Salud, contemplado en la Ley General de Sanidad, para mejorar la goberanza del sistema y que los servicios de salud de las distintas CCAA puedan consensuar una política común para coordinar recursos y garantizar la equidad de la atención sanitaria a toda la población.
Del mismo modo, la Federación insta a desarrollar la Alta Inspección para "controlar y vigilar" la aplicación de la legislación y de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). "Debe haber un cambio legislativo porque este Consejo debería dejar de ser un órgano deliberativo que reproduce las discusiones políticas de otros ámbitos para transformarse en un órgano que gobierne de manera coordinada todo el SNS", ha señalado Martín en su intervención.
En el documento de propuestas también se recoge la implementación de una Política Farmacéutica racional y sostenible que permita regular conflictos de interés, crear Centrales de Compras, realizar subastas de medicamentos, financiar de forma selectiva estos fármacos de acuerdo a su eficacia y seguridad probada y controlar las actividades de 'marketing' y presión de los laboratorios en manos de multinacionales sobre los prescriptores. Asimismo, reclama la creación de un Organismo Independiente que evalúe los nuevos recursos tecnológicos antes de su difusión en el sistema.
En cuanto al aseguramiento privado, Defensa de la Sanidad Pública insta a "desincentivarlo", así como a poner fin al modelo de mutualidades sobre el que se está debatiendo desde hace varias semanas, Muface, ya que "genera desigualdad", por lo que defienden que el personal funcionario que forma parte de este modelo se integre en el SNS y que el dinero destinado a las empresas aseguradoras quede en manos de los servicios de salud. A este respecto, el presidente de la FADSP ha argumentado que las aseguradoras "están ganando muchísimo dinero gracias al crecimiento de los seguros complementarios" y que la presión asistencial del sistema sanitario aumentaría "apenas un dos por ciento".
En el ámbito del sector privado, la Federación presidida por Manuel Martín pide al Ministerio la derogación de la ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión. "Es lo que ha producido y facilitado la privatización de una serie de hospitales públicos en Madrid, en Valencia, en Galicia, que no han demostrado que mejoren ni mucho menos la calidad y la racionalidad de la asistencia sanitaria", ha señalado Martín al respecto.
Igualmente, entre las propuestas destaca la necesidad de mejorar el sistema de formación del personal sanitario a través de dos mecanismos. En primer lugar, se solicita extender la formación universitaria en atención comunitaria a todos los profesionales del SNS, ya que en la actualidad es "una asignatura que no tiene mucha importancia y que condiciona la actitud de los futuros profesionales". Asimismo, llaman a modificar el sistema MIR para que no queden plazas sin cubrir.
INCREMENTAR LOS RECURSOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Por otra parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública incluye otra serie de cuestiones que, sin ser competencia directa del Ministerio de Sanidad, deberían ser lideradas por el mismo. Entre ellas, señalan varias que ya se incluyeron en el 'Consenso profesional para la mejora de la Atención Primaria', presentado a finales de octubre y suscrito por una decena de organizaciones sanitarias.
De este modo, apuntan a una financiación de las CCAA que responda a criterios sanitarios y a las necesidades de cada territorio y no únicamente a características poblacionales. Además, consideran importante incrementar el gasto destinado a la AP hasta que alcance el 25 por ciento del gasto sanitario total, ya que es el nivel asistencial que atiende casi el 90 por ciento de la demanda. "Nosotros estimamos en torno a los ocho mil millones de euros el dinero que habría que destinar a la Atención Primaria para conseguir que esta cubra u ocupe el lugar que le corresponde dentro del sistema", ha resaltado Manuel Martín.
En relación con la AP, piden la incorporación a los equipos de clínicos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales y personal administrativo para abarcar una mejor atención y más especializada y que esta no se restrinja a la que pueden ofrecer médicos y enfermeras. También demandan trabajar en un plan para reactivar la actividad de los hospitales, ya que en muchos sitios "no se está utilizando plenamente" la capacidad quirúrgica o la capacidad diagnóstica de pruebas de laboratorio, así como aumentar el número de camas hospitalarias.
Por último, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, evitar que se marchen del SNS o incluso lograr atraer a aquellos que trabajan en el extranjero, solicitan la introducción de incentivos laborales y garantías con las que se vean compensados los servicios que prestan.