SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido la sesión que tenía fijada para el próximo lunes 31 de marzo, al objeto de reanudar la celebración del macro juicio correspondiente a los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude investigados en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis.
En una providencia emitida el pasado 17 de marzo y recogida por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia, que celebró los pasados días 2 y 3 de este mes de marzo las sesiones iniciales del juicio, centradas en las cuestiones previas de las numerosas partes de este macro procedimiento judicial, expone que "por motivos médicos de un miembro del tribunal, se suspende la sesión señalada el día 31 de marzo de 2025", fecha en la que estaba prevista la reanudación de la vista según el calendario inicial.
Dado el caso, la Audiencia fija el 1 de abril para retomar las sesiones, con la comparecencia ese día de los acusados José Marcos A.P., Pastora S.d.l.C.S.d.I y Aurora G.M., mientras para el día siguiente, el 2 de abril, se prevé la comparecencia de otros cinco inculpados y la siguiente sesión sería ya el día 7 de abril.
Durante los primeros días del juicio, dedicados a las cuestiones previas de las partes, las defensas de los 16 acusados reclamaron la nulidad del procedimiento por "vulneración de derechos fundamentales de libertad, defensa e intimidad" y una supuesta "extralimitación de las competencias" de la Sección Séptima de la Audiencia, a la hora de resolver los recursos de apelación planteados en la fase de instrucción, mediante un tribunal participado por la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.
Recordemos al respecto que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.
EL "EXCESO COMPETENCIAL" DE LA AUDIENCIA
Según los letrados de las defensas, en el caso pesa un "exceso competencial" de la Sección Séptima de la Audiencia; "puesto que en el primer auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 3 en 2015 se decía que el procedimiento había sido el correcto y que no se había acreditado que las actuaciones fueran tendentes a beneficiar a Minorbis" en la valoración de las ofertas; mientras respecto al segundo auto de sobreseimiento del juzgado, también revocado por la Sección Séptima; señalaba que no había "indicios ciertos sobre delitos denunciados, más allá de genéricas referencias de meras irregularidades".
Al respecto, la fiscal del caso, cuya instancia solicitó ambos sobreseimientos de la causa y ha pedido la absolución de los 16 acusados; defendía que la magistrada Patricia Fernández Franco, desde el Juzgado de Instrucción número tres, "cumplió escrupulosamente con las diligencias" investigación, resolviendo dos veces archivar el caso, pero "la Sala Séptima hizo un nuevo razonamiento, una nueva manera de ver las cosas".
"Cuando revocan el segundo auto de sobreseimiento, la magistrada instructora se vio en una tesitura difícil y se vio abocada a dictar un auto de procedimiento abreviado", manifestaba la fiscal, asegurando que la magistrada Patricia Fernández Franco siempre tuvo un "control exhaustivo" de la investigación.
SIN VULNERACIÓN DE DERECHOS
De otro lado, la fiscal del caso negaba cualquier vulneración de derechos en las detenciones de los inculpados, reconociendo que las defensas "pueden ver como un poco rigorista ese proceder", pero precisando que "en cuanto declararon, fueron puestos en libertad, con lo que no estuvieron más tiempo de lo debido" en la situación de detención.
Y de la misma manera, la fiscal del caso negaba las tesis de las defensas respecto a que Emerita, empresa denunciante del asunto, no esté supuestamente legitimada para ejercer la acusación particular y que sólo podría participar como acusación popular; planteamiento que de prevalecer podría hacer decaer la causa porque la Fiscalía no acusa en este procedimiento.
La causa penal deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa (Andaluza de Piritas S.A.).
A LOS TRIBUNALES
Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis por decisión de la mesa de contratación.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.
Entre los acusados del juicio figuran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y diferentes funcionarios de la Junta.