MÉXICO DF, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, ha hecho un llamamiento este sábado a los manifestantes del estado mexicano a desmarcarse de los "actos violentos" registrados a raíz de la desaparición de 43 estudiantes 'normalistas' en Iguala, que ha provocado una ola de indignación en el país.
"Hago un llamado al conjunto de la sociedad guerrerense para que expresen su sentir, para que puedan sentir que somos más los que queremos la paz que los violentos", ha afirmado Ortega, poco después de que varios encapuchados hayan incendiado vehículos estacionados en el aparcamiento del Palacio de Gobierno de Guerrero.
El gobernador ha instado a los ciudadanos de Guerrero a expresar su sentimiento "a favor de la paz" y en contra de estos actos "violentos. Ortega ha tendido la mano hacia un "diálogo franco" a todos los sectores sociales, "incluso los radicales que han optado por actuar en la clandestinidad".
Además, el mandatario estatal se ha comprometido a no criminalizar las protestas ni los distintos movimientos sociales surgidos como protesta de la gestión de la desaparición de los 43 jóvenes, según ha informado el diario mexicano 'Excelsior'.
"La crítica es bienvenida, pero nadie por encima de la ley, nadie por encima de la legalidad. El derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás", ha afirmado el gobernador, que también ha prometido que no empleará el uso de la fuera cuando se registren este tipo de protestas.
INCIDENTES
Los incidentes registrados este sábado, jornada de protestas en el país, han tenido lugar un día después de que el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ofreciese una rueda de prensa en la que dio detalles de las conclusiones de las investigaciones realizadas hasta el momento.
En su declaración, el procurador general indicó que los tres últimos detenidos en este caso, los miembros del 'mini-cártel' Guerreros Unidos Patricio Reyes, Jonathan Osorio y Agustín García Reyes, habían confesado ejecutar a los jóvenes siguiendo órdenes.
Los tres detenidos han asegurado que recibieron "sin vida o inconscientes" a algunos de los 'normalistas' y los llevaron al basurero del vecino municipio de Cocula, donde mataron a los que seguían vivos y, después, quemaron todos los cuerpos.
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos se han negado a creer esta versión e insisten en que los jóvenes "están vivos" hasta que el Gobierno liderado por Enrique Peña Nieto les presente pruebas científicas.