MÉXICO DF, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer los nombres de los expertos en Derechos Humanos que se sumarán a las investigaciones de la desaparición de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala como parte del grupo interdisciplinario.
Se trata de Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y Derechos Humanos; Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud, y Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
En un comunicado conjunto recogido por el diario 'Proceso', la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores mexicanas han precisado que este grupo es el resultado de el Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito el pasado 12 de noviembre entre el Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso.
En el acuerdo se establece que sería la CIDH, en consulta con ambas partes, la encargada de definir la integración del grupo de especialistas, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los estudiantes.
Dicho grupo se encargará de elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y realizar el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria. En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes.
A través del acuerdo, el Estado también reitera su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá ampliarse el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Según el acuerdo, el Estado mexicano se compromete a financiar por completo las actividades del grupo, para lo cual depósito un millón de dólares, dinero que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.
CASO IGUALA
Los 'normalistas' llegaron a Iguala el 26 de septiembre para recaudar fondos para viajar a la capital mexicana el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de otra matanza, la de Tlatelolco.
Ese día la esposa del alcalde de Iguala tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'.
Policías de Iguala, apoyados por agentes de Cocula, interceptaron a los jóvenes a la entrada del municipio y abrieron fuego, matando a uno de ellos y dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con seis muertos y 25 heridos.
Una vez controlada la situación, detuvieron a los 'normalistas' que no consiguieron huir, les condujeron en varios furgones policiales a los límites entre Iguala y Cocula y se los entregaron a Guerreros Unidos. Este grupo armado presuntamente los mató en un vertedero cercano y posteriormente los quemó y arrojó sus cenizas en bolsas a un río cercano. Hasta la fecha se ha recuperado al menos una bolsa y los restos hallados han permitido identificar a uno de los desaparecidos.