MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado este jueves a México culpable de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, un indígena maya que integraba las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el marco de la ofensiva estatal en Chiapas, en el norte del país, en 1994 contra el alzamiento la guerrilla.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a los Estados Unidos Mexicanos responsable internacionalmente por la desaparición forzada cometida en perjuicio de Antonio González Méndez, así como por otras violaciones a Derechos Humanos en su perjuicio y de sus familiares: su esposa, Zonia López Juárez, y sus hijas e hijo: Ana González López, Magdalena González López, Elma Talía González López y Gerardo González López", señala la sentencia.
La corte ha ordenado a las autoridades mexicanas que apliquen "distintas medidas de reparación", entre ellas continuar las investigaciones en curso y las operaciones de búsqueda de la víctima, implementar un programa permanente de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de presuntos hechos de desaparición forzada de personas dirigido a agentes del estado de Chiapas, y la creación de un registro único y actualizado de personas desaparecidas, que permita identificar casos de desapariciones forzadas.
El tribunal ha condenado así a México por haber vulnerado los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de asociación de González Méndez; los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad, en detrimento del desaparecido y sus familiares; así como los derechos a la protección de la familia y a los derechos de la infancia, en perjuicio de sus hijas y su hijo.
Según el dictamen, la desaparición de González Méndez tuvo lugar en el marco de violencia desatada en el estado de Chiapas, en el sur del país, con el alzamiento de los zapatistas, el 1 de enero de 1994.
En respuesta al levantamiento, las autoridades mexicanas pusieron en marcha una "política estatal contrainsurgente", conocida como Plan Campaña de Chiapas de 1994, que dieron lugar a grupos paramilitares que "operaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado, con el objetivo de neutralizar fuerzas u organizaciones consideradas enemigas, como el EZLN".