MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de México ha aprobado este martes el proyecto de reforma constitucional que permitirá la celebración de un referéndum revocatorio para decidir si el presidente sigue o no en el cargo, una promesa electoral que había realizado en campaña el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, según ha informado el diario local 'El Sol de México'.
Con 372 votos a favor y 75 en contra, la Cámara de Diputados ha avalado las reformas con las que también se establecen reglas para llevar a cabo consultas populares sobre temas de interés público.
"Hacemos votos para que esta herramienta sea utilizada con enorme responsabilidad y únicamente para beneficio de México y de los ciudadanos", ha indicado la diputada del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Soraya Pérez, durante el debate en la Cámara Baja.
Tanto la consulta popular, como la revocación del mandato presidencial, forman parte de las promesas de campaña de López Obrador, que asumió en diciembre en un intento por capitalizar el descontento de millones de mexicanos con los partidos tradicionales.
De acuerdo con lo aprobado, el proceso de revocación será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que llamará a las urnas a los votantes, a solicitud del equivalente de al menos un 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Para que el resultado de la consulta sea vinculante, el referéndum debe tener al menos una participación del 25 por ciento del censo electoral. De revocarse el mandato al presidente, tendrá efectos al día siguiente.
El proyecto, que fue aprobado a mediados de octubre por el Senado, será enviado ahora a los congresos locales para su aval. López Obrador propuso meses atrás someterse a un referéndum revocatorio en marzo de 2021, previo a la realización de las elecciones federales.
La oposición asegura, sin embargo, que la ley es un "engaño" basado en endebles consultas ciudadanas, como las utilizadas el año pasado cuando se aprobó la construcción de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México, lo que tiraba por tierra un proyecto del anterior Gobierno de más de 13.300 millones de dólares.