La CIDH insta al Estado venezolano a informar sobre su paradero y condena la "desaparición forzada de la defensora"
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha condenado la "detención arbitraria de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, reconocida y respetada abogada", que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Continúa la represión y persecución sistemática en Venezuela, en especial, contra abogados defensores de Derechos Humanos y miembros de ONG (...) Exigimos el cumplimiento de las medidas de protección y su liberación inmediata y el cese de la persecución política", ha manifestado Almagro.
La CIDH ha condenado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, "la desaparición forzada de la defensora, beneficiaria de medidas cautelares" y ha instado al Estado a "informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia".
Fuentes cercanas a San Miguel citadas por el diario venezolano 'El Universal' indicaron que fue detenida el 9 de febrero cuando intentaba salir del país en el Aeropuerto Simón Bolívar. Su detención estaría relacionada con las investigaciones por los casos de conspiración denunciados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
No obstante, el equipo legal de la abogada ha denunciado este lunes la "desaparición forzada" de cinco familiares entre los que se encuentran su hija, Miranda Díaz San Miguel, y su ex marido y padre de su hija, Víctor Díaz Paruta. También han sido detenidos dos hermanos de San Miguel, Miguel Ángel y Alberto.
Tras esta noticia, Almagro ha "condenado la detención arbitraria de los familiares" de Rocío y ha exigido la liberación de todos ellos. "La criminalización de defensores DDHH es un atropello injustificable y extender la violación de sus derechos a la familia es una acción repudiable e infame", ha concluido.
El Gobierno venezolano informó sobre la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que, según la versión de las autoridades, incluían un magnicidio.