Actualizado 13/06/2023 14:50

Nicaragua.- Borrell defiende la permanencia de Nicaragua en el acuerdo UE-Centroamérica para no hacer sufrir a su pueblo

Archivo - El Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell
Archivo - El Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha defendido este martes la permanencia de Nicaragua en el acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, ya que su suspensión implicaría perjudicar a la población nicaragüense que sufre las consecuencias del "régimen" de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Algunos de ustedes han pedido que se suspenda la aplicación del acuerdo de Asociación (...) No se ha considerado apropiado, porque eso no haría sino llevar más sufrimiento a la población de Nicaragua", ha expresado Borrell durante una sesión celebrada en Estrasburgo, matizando además que solo se cumple la parte comercial del pacto.

Asimismo, también ha afirmado que la suspensión del acuerdo implicaría "una doble penalización para un pueblo que ya está sufriendo bastante soportando a su régimen". Borrell ha reiterado así que los más vulnerables, como las mujeres, los niños o los indígenas, "no deberían sufrir dos veces".

"Quiero aprovechar esta oportunidad para asegurarles que la Unión Europea, desde el comienzo de la crisis político-social en abril de 2018, no brinda apoyo a las autoridades nicaragüenses ni canaliza fondos directamente hacia el gobierno", ha indicado.

La Unión Europea condenó en abril la "represión sistemática" que sigue ejerciendo en Nicaragua el Gobierno de Daniel Ortega en el "triste" aniversario del inicio de las protestas de 2018, que marcaron un punto de inflexión en la movilización contra las autoridades y desencadenaron una ola de detenciones.

Las protestas de 2018 se alargaron hasta septiembre y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno. La ONU estima que, desde diciembre de 2018, más de 3.100 organizaciones han sido cerradas.

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