MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno afronta esta semana el debate y votación de la proposición no de ley de Junts animando al presidente Pedro Sánchez a plantearse la cuestión de confianza, y espera que Vox frustre la iniciativa de los de Carles Puigdemont, ya sea votando en contra o absteniéndose.
El PSOE da por seguro el apoyo de Sumar, y sabe que tanto Bildu como el PNV, ya avanzaron en su momento que no tenían problema en debatir y votar la iniciativa, aunque descartaron apoyarla porque no ven oportuno recurrir ahora a ese mecanismo constitucional. Así que el PSOE parte con una ventaja de 158 votos en contra de la propuesta de Junts, frente a los 144 a favor que suman los de Carles Puigdemont y el PP, que ya ha abierto la puerta a votar que sí al considerar que rechazarlo implica respaldar al Gobierno.
Así las cosas, el voto decisivo lo tendrán los 33 diputados de Santiago Abascal, puesto que aunque ERC, Podemos, Coalición Canaria, BNG, UPN o José Luis Ábalos votasen a favor o se abstuviesen, Junts sólo ganaría la votación con Vox y PP juntos.
Desde Vox no quieren adelantar el sentido de su voto a esta PNL, pero sí que han dejado claro su rechazo a Junts y a las técnicas empleadas por los de Puigdemont para presionar al Ejecutivo. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, tildó la polémica alrededor de la iniciativa de "teatrillo" porque a su juicio todo esto quedará en "papel mojado" y lo único que acabará desencadenando son más cesiones del Gobierno al "separatismo".
Si Vox se posicionase a favor de la iniciativa, la propuesta de Junts instando a Sánchez a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza quedaría aprobada, sin embargo, si optan por abstenerse o posicionarse en contra, la formación independentista no lograría los votos necesarios y su propuesta sería tumbada por los votos en contra del Gobierno.
EL PP Y LOS LETRADOS NUNCA VIERON PROBLEMA
Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre y desde el principio los letrados del Congreso no pusieron ningún obstáculo a su calificación y su debate. No obstante, y a instancias del PSOE, que tiene mayoría con Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión y evitó hasta dos veces autorizar su tramitación.
La primera vez fue el 17 de diciembre y, un mes después, el 16 de enero, la Mesa volvió a dejar su decisión en el aire. En ambos casos fue en contra del criterio del PP, que nunca ha visto problema en que pasara ese primer filtro de la Mesa, en consonancia con lo planteado por los servicios jurídicos.
Los letrados siempre han mantenido que era la Mesa la que debía decidir y fijar doctrina, pues era la primera vez que se instaba a una cuestión de confianza a través de una proposición no de ley. Aunque la utilización de este instrumento es potestad exclusiva del presidente, también recalcaron que, incluso si se aprobara, no tendría efectos jurídicos, pues las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento.
El hecho de que la cuestión de confianza es prerrogativa del presidente del Gobierno y que sólo él puede activarla era el argumento usado por el PSOE para justificar sus resistencias a tramitar la propuesta de Junts. Eso sí, hace 30 años, gobernando también el PSOE, sí que se permitió debatir una moción de CC pidiendo al presidente Felipe González que convocara elecciones, otra competencia exclusiva de Moncloa.
ASUMEN QUE NO TIENE EFECTOS JURÍDICOS
Al final, la iniciativa de Junts entró en la negociación del decreto ley ómnibus y, a cambio del apoyo de los de Carles Puigdemont a la convalidación del mismo en el segundo intento, el PSOE aceptó tramitarla una vez que se rebajara su redacción y la Mesa la calificó, por unanimidad, el pasado 4 de febrero.
Si el texto original, que sólo ocupaba una línea y media, instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, la nueva redacción ya sólo anima a Sánchez a "considerar la oportunidad" de plantearla. Y la descafeinó más al añadir expresamente que su propuesta sólo tiene un valor político, carece de "efectos jurídicos" para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una "prerrogativa que le confiere la Constitución".
Lo que no modificó Junts es la exposición de motivos, en la que se sigue quejando de que no ven voluntad política en el presidente del Gobierno para cumplir los acuerdos y que con esa dinámica "no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura". Pero la exposición de motivos no se vota y tampoco efectos.