MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial ha anunciado este viernes la apertura de una investigación preliminar por los disparos efectuados contra manifestantes por parte de civiles armados en Cali el pasado 28 de mayo sin que la Policía, presente en el lugar, interviniera.
"La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial informa que, frente a los videos que han circulado en redes sociales sobre hechos ocurridos el día 28 de mayo de 2021, en los cuales se observan civiles haciendo uso de armas en presencia de uniformados de la Policía en el sector Ciudad Jardín de Cali, un Juzgado de Instrucción Penal Militar y Policial inició indagación preliminar, y luego sumario", ha indicado la unidad, según recoge el diario colombiano 'El Espectador'.
Este organismo explica que "se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a siete miembros de la Policía Nacional por el presunto delito de prevaricato por omisión".
Mientras, el consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, ha emplazado al ministro de Defensa, Diego Molano, a regular el uso de las armas traumáticas en Colombia porque deben ser consideradas "técnicamente como armas de fuego".
Este mismo domingo llega a Colombia el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar la situación de derechos humanos en el marco de la huelga general indefinida conocida como paro nacional iniciada ya hace seis semanas.
Su visita de trabajo comenzará formalmente el martes 8 de junio y durará hasta el jueves 10 con visitas a las ciudades de Bogotá y Cali. La Comisión documentará las denuncias de violaciones a los derechos humanos tomando testimonio a las víctimas y sus familiares. Además "se reunirá con diversos sectores, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios", según la propia CIDH.
En relación a la actual situación, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, ha advertido del peligro que supone el decreto de militarización del país emitido por el presidente, Iván Duque. Esta medida viola la Carta Política debido a que contempla la acción armada del Ejército en contra de la ciudadanía y porque se les da a los manifestantes "tratamiento de combatientes", ha apuntado Gallón.
"Que las libertades y los derechos no sean absolutos no significa que en Colombia esté autorizado que el Ejército dirija sus armas contra la ciudadanía (...). En ningún caso está prevista, según la Constitución, la acción armada del Ejército en relación con movilizaciones sociales", ha advertido.
El 28 de abril comenzó una huelga indefinida contra el Gobierno del presidente Iván Duque, el conocido como paro nacional, para forzar la retirada de una reforma fiscal. Una vez conseguido, los manifestantes han mantenido las protestas contra Duque y en protesta por la violencia policial.
Las autoridades han confirmado 20 muertes que guardan relación directa con las protestas y movilizaciones, mientras que otras nueve siguen en proceso de investigación. Las organizaciones civiles aseguran que los fallecidos son muchos más.